El primer ministro británico, el conservador Boris Johnson, afronta críticas desde su propio partido por rechazar que los migrantes no comunitarios que trabajan en la salud pública del Reino Unido estén exentos de pagar una tasa anual de 624 libras (695 euros).

A partir de octubre, el Gobierno prevé aumentar de 400 libras (445 euros) a 624 el cargo anual que deben abonar todos los extranjeros de fuera de la Unión Europea (UE) por el derecho a ser atendidos en el sistema de salud británico, con independencia de si hacen uso o no de él.

Los padres deberán aportar, además, 470 libras (520 euros) por cada hijo a su cargo.

Aunque los ciudadanos de la UE no deben hacer frente a la tasa, su exclusión del sistema más allá del próximo 31 de diciembre depende de las negociaciones sobre la nueva relación bilateral que sigue en marcha entre Londres Bruselas.

En medio de la crisis sanitaria del coronavirus, varios diputados conservadores han anunciado que respaldarán una enmienda laborista a la futura ley de inmigración que prevé que los migrantes que trabajan en el NHS (sistema de salud público) estén exentos de esa tasa.

Chris Patten, expresidente del Partido Conservador,  señaló al diario “The Guardian” que cobrar a los empleados de la sanidad sería “inmoral y monstruoso“.

El portavoz oficial del primer ministro, por su parte, argumentó que “el NHS, como la gran institución nacional que es, necesita financiación” y las “contribuciones que se han hecho a través de la tasa sanitaria” desde que se introdujo en 2015 ascienden a 900 millones de libras (mil millones de euros).

Con información de EFE

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